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Una ola de cuestionamientos se ha vertido sobre la contratación de cinco abogados, quienes de manera honorifica asesoraban a la Procuraduría General de la República, pero que sería indemnizable su cancelación, con unos 5 millones de pesos a cada abogado.
Esta suma debía pagarse, si el contrato era prescindido, si el órgano desistía de los servicios de los juristas antes de 2023.
La firma de dicho contrato fue suscrita en fecha el 17 de marzo de 2020 y concluiría el 23 de diciembre de 2023.
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