Dominicana.do

Si criticable y punible es va­lerse de la autoridad para beneficiarse de negocios con el Estado, igual lo es le­gislar en su favor, en térmi­nos pecuniarios, como lo han hecho los congresistas con el “barrilito”.

Ellos mismos aprobaron repartir­se, en montos porcentuales a la po­blación que representan, parte de los dineros del presupuesto de am­bas cámaras legislativas, dizque para realizar obras sociales.

Pasándole por alto a un principio universal que establece que quien aprueba las leyes de recaudación de fondos para el Estado no puede re­caudar pero mucho menos adminis­trar el presupuesto, los legisladores -con escasísimas excepciones- se han hecho reos de este pecado.